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Según un estudio realizado por Logalty durante el año 2007 sobre una muestra de 120 empresas con más de 250 empleados de diferentes sectores de actividad, el 97% de las encuestadas carece de pruebas electrónicas fiables de sus transacciones telemáticas. El objeto de este estudio ha sido conocer el grado de exposición de las organizaciones a posibles conflictos derivados de la valoración que se pueda realizar en Sede Judicial de los soportes electrónicos probatorios.

El estudio de Logalty señala que el 33% de las empresas encuestadas reconoce tener un alto riesgo a posibles conflictos cuya prueba se sustente en documentos o transacciones electrónicas; el 12 % reconoce un riesgo medio y el 6% un riesgo bajo. Pero lo más destacado es que el 49% de las empresas asegura no haber realizado ningún tipo de evaluación sobre los riesgos a los que se expone su empresa por carecer de pruebas electrónicas fiables.

De la encuesta se concluye que las empresas tienen un nivel relativamente bajo de concienciación de la importancia de la seguridad en el manejo de la información de las transacciones electrónicas en el seno de las corporaciones. Sólo el 27% de las empresas analizadas tienen plenamente integrados, o están integrando, los sistemas de seguridad de la información en los procedimientos de control general de riesgos corporativos.

Sin embargo, casi el 70% de las encuestadas manifiesta un claro convencimiento de que el incremento de la seguridad de la información en su organización mejorará la eficiencia de las tecnologías de la información en sus empresas.

Según los datos aportados por las empresas encuestadas y que se recogen en el estudio realizado por Logalty, el método de identificación más extendido es el de usuario y contraseña, utilizado por la práctica totalidad de las empresas. Para una segunda confirmación de contraseña se está imponiendo en determinados sectores como el financiero, el uso de una segunda clave a través de una tarjeta de coordenadas. Esta segunda confirmación es utilizada en algunos casos también como clave de operaciones, siendo en otros casos necesaria la introducción de una tercera clave para operar.

El uso de firmas electrónicas avanzadas y DNI electrónico como métodos de identificación es a la fecha de este estudio prácticamente residual.

Otro dato de interés es que el 60% de las empresas analizadas reconocen tener dudas sobre la autenticidad de los correos electrónicos aportados por la otra parte ante los tribunales.

El análisis de los resultados de la encuesta muestra otros datos de enorme interés sobre el manejo de documentos digitales en Juzgados y Tribunales. El 40% de las empresas asegura haber tenido dificultades para la aportación y práctica de pruebas electrónicas en Sede Judicial. De ellas, el 70% señala que la falta de medios técnicos es el principal motivo de estas dificultades.

“Los datos de esta encuesta, asegura José María Anguiano, consejero delegado de Logalty, muestran el elevado grado de inseguridad jurídica en la que viven las empresas españolas respecto a sus actividades en Internet”.

Según el estudio, la mayor parte de los conflictos judiciales por la ausencia de pruebas fiables de las transacciones telemáticas se deben a la unilateralidad de la prueba electrónica. Cuando los destinatarios de documentos enviados electrónicamente niegan haberlos recibido, se provoca de facto un repudio en destino, repudio que no se resuelve con las copias de archivos de correos electrónicos que aporta la parte emisora. Este tipo de conflictos afectan esencialmente al envío de notificaciones electrónicas, ofertas comerciales, comunicaciones telemáticas de precios y tarifas y perfección electrónica de contratos.

“La generación y custodia de pruebas electrónicas fiables de todo tipo de documentos relacionadas con la actividad mercantil enviados o recibidos por Internet se ha convertido en una necesidad inaplazable para todo tipo de empresas, tanto grandes como pymes”, añade Anguiano. “Hemos tenido conocimiento de casos verdaderamente preocupantes que han generado importantes pérdidas económicas a las empresas afectadas, al no poder éstas aportar ante los Tribunales pruebas que cumplan con los criterios de admisibilidad”.

Por último, se desprende del estudio realizado por Logalty que la mayor parte de las dudas de la validez jurídica en las evidencias digitales generadas de la actividad diaria se centran en las pruebas que soportan las transacciones electrónicas, debido a que éstas se generan en las propias organizaciones y ellos mismos se convierten en jueces y parte.